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El 6 de diciembre de 2018 las Cortes Generales celebraban el 40 aniversario de la Constitución con un acto institucional que ponía el broche de oro a un año dedicado a conmemorar las cuatro décadas de democracia que propició la aprobación de nuestra ley fundamental. Hoy se cumplen 41 años del referéndum de 1978, la cita en la que millones de españoles ratificaron en las urnas el texto aprobado por el Congreso de los Diputados y el Senado después de más de un año y medio de debates, dentro y fuera de las sedes de las Cámaras, que concluyeron en los 169 artículos que consolidan nuestro modelo de Estado, regulan las instituciones, garantizan los derechos de todos, diseñan el modelo territorial y establecen el marco económico y social de la España constitucional.

“Hace hoy un año, nos reuníamos en el Salón de Plenos para conmemorar los cuarenta años de la aprobación de nuestra Constitución poniendo de manifiesto las bondades y los efectos positivos del mejor legado que nos hicieron nuestros padres y abuelos. La Constitución lleva ya un año de sus siguientes cuarenta, cuya efectiva vigencia nos corresponde ahora garantizar a nosotros.Esa es nuestra responsabilidad, asumir el legado que recibimos para defender los preceptos de la Constitución, pero también para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos y sus mandatos de transformación”. Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, se pronunciaba de este modo en su intervención en el acto institucional, en el que la presidenta del Senado, Pilar Llop, miembros de la Mesa de ambas Cámaras, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los ministros, diputados y senadores y representantes de las altas instituciones del Estado.

En su discurso, Batet expresaba su deseo de que “estos momentos que dedicamos cada año al recuerdo de nuestra norma fundamental miraran más al futuro que al pasado. A los retos que se nos plantean por encima de los logros alcanzados; a su utilidad futura como la mejor reivindicación de su vigencia. La Constitución se dirige al futuro. No es sólo un marco normativo, es también un pacto de convivencia que expresa aquellos valores y objetivos que la sociedad comparte y que sus poderes públicos están obligados a perseguir”.

“Debemos a la prudencia de nuestros constituyentes que incluya numerosos mandatos de desarrollo, de avance y de progresivo alcance. Determinados objetivos sólo se consiguen mediante el trabajo constante y esforzado de varias generaciones y muchas legislaturas y no se convierten en realidades efectivas con la simple aprobación de una norma”, añadía. “Los constituyentes no se limitaron a lo entonces posible; por el contrario asumieron el carácter compartido y fundamental de una serie de objetivos políticos que los poderes públicos debían esforzarse en hacer realidad, y los fijaron en el texto de la Constitución. Esos objetivos siguen ahí y siguen interpelando a nuestras instituciones y, en especial, a las Cortes, responsables de hacer honor a ese compromiso constitucional: No hay ejemplo más claro ni más fructífero que la inclusión en su artículo 9.2 de un mandato expreso de promoción de las condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas para los ciudadanos”.

 

La presidenta del Congreso resaltaba que “esa cláusula constitucional nos recuerda el sentido profundamente incluyente de nuestro pacto fundamental y, con él, el lugar esencial que la cohesión social ocupa en nuestro modelo constitucional. La propia Constitución formula mandatos de futuro y objetivos concretos que contribuyen a ese fin y que contemplan específicamente colectivos como las personas mayores, las personas con discapacidad o los niños. Esos niños y niñas a los que se les garantiza la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Pero con igual eficacia contempla ámbitos fundamentales en los que avanzar en la igualdad, y también en la libertad personal, como el acceso a la vivienda o a la cultura, las prestaciones sanitarias y sociales, el derecho al trabajo y a la iniciativa económica. Son mandatos de inclusión; deben generar derechos para determinados colectivos, y contribuyen a la dignidad de nuestra sociedad y al desarrollo de sus capacidades. Las sociedades incluyentes son más justas, más fuertes y más ricas, en su conjunto y para cada uno de sus miembros”.
El presidente Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el presidente Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, María José Segarra, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán y la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente y de la Calle; ex presidentes del Congreso de los Diputados y presidentes de comunidades autónomas y asambleas autonómicas han participado también en el acto central de conmemoración de los 41 años de Constitución

 

 

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