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El primer día de agosto arrancaba la ponencia a la que se había encomendado redactar la primera propuesta de Constitución española en 45 años, un paso que suponía “institucionalizar la democracia”. El presidente de la Comisión de Constitución, Emilio Attard Alonso, enfatizaba con estas palabras la trascendencia de la tarea que tenían ante si quienes serían reconocidos después como los “padres” de la Constitución.

Archivo Linz de la Transición Española [en línea]. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 2006 [Consulta: (16/06/2017)]. Disponible en Web: http://www.march.es/ceacs/linz/

En aquella primera sesión, la Comisión Constitucional eligió a su presidente y sus dos secretarios y designó a los siete miembros de la ponencia constitucional: Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros, Jordi Solé Tura, Miquel Roca i Junyent y Manuel Fraga Iribarne. Los diputados estarían asistidos por tres letrados de las Cortes: Fernando Garrido Falla, Francisco Rubio Llorente y José Manuel Serrano Alberca.

Antes de que terminara el mes de agosto, el día 22, los ponentes y los letrados mantuvieron su primera reunión de trabajo tras la sesión constitutiva, y desde ese momento lo volvieron a hacer en una veintena de sesiones, que en algunos casos fueron de mañana y tarde, hasta finalizar el texto del anteproyecto de Constitución, publicado el 5 de enero de 1978.

“Compromiso de silencio” sobre las deliberaciones de la ponencia

No hubo actas de las deliberaciones en esta primera fase de la ponencia, pues en su primera reunión se llegó al acuerdo de que fueran secretas, pero en 1982, la Revista de las Cortes Generales publicó la “minuta” de las sesiones, una lectura imprescindible para comprender la génesis del texto constitucional. Serrano Alberca remarca en la introducción de esta obra que “en la lectura minuciosa de los acuerdos y de los textos se encuentra muchas veces la razón y el hilo conductor que desvela el contenido de los artículos de la Constitución, y puede servir para una mayor utilización teórica y práctica de nuestra norma básica”. El letrado subraya que, por lo que se refiere al contenido, llama la atención el hecho de que los grandes temas que preocupaban (forma de Estado, relaciones Iglesia-Estado, derechos fundamentales) fueron abordados por la ponencia, que trabajó siempre con espíritu de consenso.

En su primera sesión de trabajo ya se lograron importantes acuerdos sobre las normas de funcionamiento de la ponencia y el carácter del texto que iba a redactar. Por unanimidad se decide el carácter confidencial de todos los trabajos, confidencialidad que incluye las propuestas de los grupos y las deliberaciones. Se prohíbe a las formaciones políticas dar comunicados a la prensa sobre lo tratado, y a los miembros de la ponencia hacer declaraciones, a título personal, sobre temas constitucionales.

En cuanto a la organización interna, el presidente de la Comisión Constitucional presidiría la reunión de la ponencia en su sesión inicial y en la final, pero el resto serían regidas, por turnos, por los distintos miembros de la ponencia.

Los ponentes decidieron también que de los acuerdos alcanzados se tomaría nota en una minuta, que sería sometida a la aprobación de los ponentes en la siguiente sesión. Gracias a estos documentos se constata que “por mayoría se resolvió proceder a la preparación no de un conjunto de leyes constitucionales, sino de un proyecto constitucional completo, tan breve como sea posible, pero que incluya tanto cuanto se considere necesario”.

En cuanto al plan de trabajo, se acordó que no se dividiría por títulos o capítulos entre los distintos ponentes, sino que todos ellos irían abordando conjuntamente cada una de las partes del texto a elaborar. La discusión comenzará por el título inicial (principios generales o fundamentales) acerca de los cuales los ponentes de la Unión de Centro Democrático adelantan que no ofrecerán ningún texto previo. Concluido este título, se pasará inmediatamente al estudio que concierne a los poderes de la Jefatura del Estado, sobre el cual el representante del PSOE avanzó que no presentarían propuesta escrita, concluye la minuta de esta primera sesión.

Un  proyecto para situarse “en el corazón de la historia”

La ponencia se constituyó en plena canícula, el día 1 de agosto de 1977, y ese mismo día mantuvo la primera de sus largas sesiones de trabajo, que se prolongaron hasta el mes de abril de 1978. Fue el tiempo de trabajo imprescindible para elaborar, en una primera fase, un anteproyecto, partiendo de los materiales y de las propuestas aportadas por todos y para estudiar, en la segunda, numerosas enmiendas presentadas por los grupos y por los diputados, relataba Gabriel Cisneros en la presentación de la obra “La Constitución en el Parlamento, 1977-1978”, editada por el Congreso de los Diputados con motivo del XXV aniversario de su aprobación.

Pero no fue la sala en la que se reunía la ponencia el único escenario de negociaciones y acuerdos. Un proceso paralelo, discreto, de reuniones y transacciones, con participación de UCD, PSOE, PCE, CiU y PNV permitió superar los escollos más difíciles, rememoraba Cisneros. Se ganó en eficacia lo que se perdió en transparencia, al sustraer aquella la negociación a la exposición de la opinión pública, ante la que los partidos prefieren mostrar su perfil más rotundo y menos pactista.

Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, también ponente por UCD, evoca los recuerdos de las tensiones y discusiones dentro y fuera del propio partido. Los de tantas horas de entusiasmo y de decepción. Los de tantas ilusiones perdida y tantas realidades, mucho más fecundas por ser reales, alcanzadas. Expresar en pocas líneas lo más relevante de semejantes recuerdos no es, sin duda, fácil, pero si de recordar algo se trata, yo guardo de aquellos meses una memoria tanto de honra como de fatiga.

Ni a todas las generaciones ni a todos los individuos les toca en suerte la tarea de contribuir, decisivamente, a plasmar en derecho lo que aparecía como una voluntad profunda de su pueblo. A optar, en nombre de los ciudadanos, por determinadas formas políticas. A convertir en instituciones constitucionales lo que eran, diría Lasalle, “fragmentos de constitución” que procedían del fondo de los siglos – monarquía y plurinacionalidad- y exigía, con no menos energía, la altura de los tiempos – Estado social y democrático de derecho.

José Pedro Pérez Llorca recordaba el “calor agobiante” de ese verano del 77 en el que en torno a una gran mesa, en una pequeña habitación de la planta primera de Congreso, acometimos la tarea de empezar a redactar el proyecto de una Constitución democrática para una España que habría de ser de todos.

Aquel calor, sin embargo, y el que en nuestros corazones sentíamos ante tan ingente y honrosa tarea, no alteraron la serenidad de las mentes, ni la ecuanimidad de juicio. No hubo fiebre cerebral, pero tampoco hubo fundamentalismo partidista. El único plan que teníamos era el de sentar las bases de una convivencia pacífica, en libertad y democrática de todos los españoles, cualesquiera que fueran sus ideas, sensibilidades e identidades específicas. ya nos habíamos “conmatado” bastante, era hora de convivir.

Gregorio Peces Barba subraya que, cuando fue propuesto por el PSOE para formar parte de la ponencia constitucional sentí que iba a participar en un proyecto que nos colocaba en el corazón de la historia. Relata que empezamos en agosto, el día 22, a reunirnos en una sala de ponencias con muebles clásicos y una gran mesa de color oscuro situada en la primera planta del viejo palacio de la Carrera de San Jerónimo, exactamente encima de las dependencias donde se sitúa el despacho del presidente del Congreso.

Todos necesitamos que se reconozca el esfuerzo y el trabajo, sobre todo si es como éste, solo motivado por el interés general. Pensando en aquellos días y en aquel trabajo de todos, al que nosotros los ponentes contribuimos con lo mejor que cada uno podía dar, viendo su fruto veinticinco años después – en el momento de publicarse este texto – se puede pensar, sin temor a equivocarnos, que valió la pena.

Para Jordi Solé Tura, ponente designado por el Partido Comunista, se estaba en ese momento preparando los primeros pasos de un gran acontecimiento. Me refiero, naturalmente, al paso de la dictadura a la democracia o, si se quiere con más fuerza, del paso de un país cerrado a un país abierto. Un país abierto es un país que cree en sí mismo y no es aprisionado por ello, un país que mira hacia delante con claridad y no es obligado a arrodillarse ante el dictador. Un país que se ve delante de sí mismo con los ojos limpios y serenos.

El ponente de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, subrayaba que la tarea de hacer una Constitución es algo ciertamente tentador, a la vez por su importancia y por sus riesgos. Una larga experiencia de fracasos, de 1812 a 1932, acrecía ambas cuestiones: había que lograr que España saliera de la inestabilidad y el subdesarrollo político,(que lleva inevitablemente aparejado el fracaso económico-social), y al mismo tiempo encontrando una ancha base, en la que pudieran coincidir los representantes de la mayoría moderada y prudente de la sociedad.  

Miquel Roca, diputado de CDC, aportaba también en esta publicación su visión de esa “tarde calurosa del inicio del verano madrileño”. El momento era solemne, pero no lo vivíamos, los designados, con ninguna especial solemnidad. En todo caso, quizá con un poco de nerviosismo por la responsabilidad que se nos había confiado, e interrogándonos sobre nuestra propia capacidad para acometer una tarea de tan relevante significación para el futuro de la democracia en España.

23 trámites legislativos y un referéndum

Los diarios detallaban, al día siguiente del inicio de los trabajos de la ponencia, los veintitrés trámites legislativos que serían  necesarios para aprobar la nueva Constitución española. Ocho corresponden al Senado, siete al Congreso, dos a la comisión mixta, dos a las Cortes, dos al Gobierno y uno al Jefe del Estado.

Hemeroteca de La Vanguardia [en línea]. [Consulta: (16/06/2017)]. Disponible en Web: http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE08/HEM/1977/08/23/LVG19770823-003.pdf

El anteproyecto que elaborará la ponencia, una vez publicado en el Boletín de las Cortes, pasará a la Comisión Constitucional, que debatiría y votaría las enmiendas y redactaría el proyecto que habría de obtener el voto favorable de la mayoría de los diputados. Cumplidos estos trámites, el texto pasará al Senado, que dispondrá de diez días para la presentación de enmiendas y convocará un pleno para discutir el proyecto.

A continuación, deberán enviar un informe al presidente de las Cortes, con las modificaciones que consideren. De acuerdo con el artículo tercero de la ley para la reforma política, el proyecto constitucional pasará entonces a la comisión mixta, formada por cuatro miembros de cada cámara, que tratarán de las posibles diferencias que existan entre el Congreso y el Senado sobre la Constitución.

Tanto el Congreso como el Senado celebrarán después sesiones plenarias, por separado, para aprobar el proyecto y los acuerdos de la comisión mixta, y si no hubiera acuerdo se convocará una sesión conjunta de ambas cámaras y las Cortes votarían por mayoría absoluta la aprobación definitiva del proyecto.

Finalmente, “el texto constitucional se publicaría en el BOE, se convocaría un referéndum nacional, celebrado el cual, al proclamarlo ley Constitucional el Jefe del Estado, cumplirá e1 trámite final de los establecidos actualmente”.

Ese sería el trayecto de la Constitución española hoy vigente, desde su génesis hasta su ratificación por los ciudadanos españoles, las etapas del camino constitucional que, 40 años después, marcan los tiempos de este blog.