EN PERSONA

Gran parte de la vida de Ignacio Astarloa (Madrid, 1955) ha transcurrido entre las paredes del Congreso de los Diputados, rodeado de libros sobre constitucionalismo y reglamentos de otros parlamentos del mundo en busca de las fórmulas para que el parlamentarismo español mejorase. Este licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales ejerce como abogado desde 1981 y está especializado en derecho administrativo, constitucional, parlamentario y autonómico, entre otros.

Astarloa forma parte del cuerpo de Letrados de las Cortes Generales desde 1983. Nos cuenta cómo la primera vez que se presentó a estas oposiciones el examen, convocado para el 23 de febrero de 1981, tuvo que aplazarse por el intento de golpe de Estado de Tejero. “Yo esa tarde me quedaba sin democracia y me quedaba sin oposiciones”, recuerda un Astarloa que ese día pudo ver cómo el presidente del tribunal que debería evaluarlo, Landelino Lavilla, era retenido contra su voluntad en un Hemiciclo repleto de pistolas y subfusiles.
Finalmente el examen se realizó cuatro días después, coincidiendo con la manifestación en apoyo a la democracia a la que Astarloa acudió como muestra de un compromiso con el parlamentarismo que ha seguido manteniendo, entre otras maneras, ejerciendo como secretario general y Letrado Mayor del Congreso. Desde este cargo se ha encargado de asesorar a la Presidencia, la Mesa y las Juntas de Portavoces, así como al propio Pleno de la Cámara. Además, Ignacio Astarloa ha sido secretario de Estado de Seguridad de España (2002-2004), diputado y, ha ejercido como presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

“La Legislatura Constituyente fue una etapa sencillamente apasionante”

Al echar la vista atrás, Astarloa recuerda la Legislatura Constituyente como algo “sencillamente apasionante”. El hoy letrado recuerda el compromiso y el consenso del que hicieron gala los parlamentarios de la época y que contribuyó a instaurar un régimen democrático “después de una historia de dos siglos en España, en el que las épocas de democracia se vivían por bienios o trienios”. La Constituyente fue “ese momento donde una generación se reúne y dice que no quiere repetir otra vez la historia mala de España, porque pretende construir una buena historia y nueva historia de España”, asegura Astarloa.

Durante estos años, además de asentarse la práctica parlamentaria, se estaba desarrollando el Estado de las Autonomías con la creación de los parlamentos autonómicos. Astarloa fue enviado por las Cortes al Parlamento Vasco para contribuir a la instauración de la Cámara, aportando los conocimientos que ya existían en el Congreso. Hoy la evolución es notable y, según Astarloa, los parlamentos autonómicos “han ido cobrando cada uno ellos su propia idiosincrasia y su propia personalidad y han ido introduciendo cambios que a su vez son cambios muy interesantes para ser valorados en su aplicación en el Congreso de los Diputados”.

Como letrado de las Cortes, Astarloa pudo ver en estos años las carencias que España tenía en estudios sobre constitucionalismo y parlamentarismo después de cuarenta años de dictadura. Para solucionarlo, tuvo que estudiar inglés, francés e italiano para acceder a las últimas innovaciones teóricas de la época. Además, en su época de secretario general, varios letrados fueron enviados a otros países para conocer in situ cómo trabajaban sus parlamentos.

El desconocimiento o falta de costumbre de los inicios se suplió con un trabajo “muy artesanal” tras el que se ha ido formando “un cuerpo de conductas, costumbres y comportamientos” que ahora rigen en el día a día del Congreso, como por ejemplo que la mayoría de iniciativas no se extingan con el cambio de legislatura, la instauración del debate del estado de la nación, la normalización del debate sobre el estado de las autonomías, etc.

En estos años, el cambio cualitativo de las funciones del Parlamento es “històrico”, relata Astarloa. “Cuando se elabora la Constitución y se asumen los grandes principios de una democracia liberal que la Constitución traduce en el artículo 66, que es el que señala las funciones de esta casa y ahí empieza por decir: ‘Función legislativa, control presupuestario y las demás que diga la Constitución’. Pero lo que tiene en la cabeza, es que esta casa fundamentalmente lo que hace es leyes y efectivamente 40 años después, seguimos haciendo leyes”.

Hoy los parlamentos modernos, no solo el español, se han convertido en parlamentos de control

“Pero esta casa por cada ley que hace lleva a cabo 100 o 200 actividades de control, es decir, hoy los Parlamentos modernos, y no sólo el Parlamento español, se han convertido en Parlamentos de control. Hoy los Parlamentos escudriñan hasta el último de los rincones de cada una de las dependencias de cada uno de los ministerios y dependencias públicas de los Gobiernos y no sólo de los Gobiernos, porque hoy ya se hacen comisiones de investigación sobre actividades empresariales, se hacen comisiones de investigación sobre organismos particulares, sobre incidencias que se han producido como un accidente de un avión, accidente de un tren, etcétera”, apunta.

“De una estructura mínima hemos pasado a una estructura de servicio a una cámara democrática”

En términos cuantitativos, desde los inicios de este periodo constitucional, el Congreso recibe cada vez más entradas en su registro, es decir, cada vez son más los asuntos que se tratan, tanto que estos “no es que se hayan doblado o triplicado, es que se ha multiplicado por decenas”, asegura Astarloa.

El aumento del trabajo ha provocado que cambie, incluso, la forma de trabajar. Astarloa apunta que, mientras que a los medios de comunicación llegan, principalmente, solo algunas de las intervenciones que se hacen en el Pleno, la mayoría de las labores se realizan en órganos con menos atención mediática como las ponencias, las comisiones legislativas o las comisiones de investigación, algo que “no pasaba hace cuarenta años”.

Todo ello ha provocado que la administración parlamentaria también haya experimentado una gran evolución. Astarloa explica cómo se pasó “de una estructura mínima que servía a una Cámara que no tenía las características democráticas que nacen con la Constitución, a una estructura de servicio a una cámara democrática, que además no ha hecho más que crecer en estos 40 años”. Ahora la Administración Parlamentaria es “una potentísima estructura” y, para ilustrarlo, el letrado usa el ejemplo del servicio de prensa, en el que a principios del periodo democrático “los periódicos de provincias llegaban tres días después”, mientras que hoy el Congreso es “el Centro Internacional de Prensa de Madrid y tiene unos servidores sensacionales, que prestan un servicio a doscientos y trescientos periodistas en los días más significativos de la casa”.

“La independencia del Parlamento es un elemento esencial conseguido a sangre y fuego”

Para Astarloa uno de los grandes avances que la Constitución aportó al parlamentarismo español es el blindaje de su independencia, postulado que aparece en el artículo 72. La independencia, es según el letrado, “un elemento esencial del Parlamento conseguido a sangre y fuego” y que permite que Congreso y Senado, al igual que en el resto de Europa, puedan elegir a su propio presidente, dictar normas y organización propias, tener autonomía financiera o tener unos funcionarios independientes “que no dependen de si a un Gobierno le parece bien mal o regular que se hagan según qué cosas”.

El letrado subraya la importancia de las Cortes de Cádiz de 1812 a la hora de disfrutar de esta independencia, ya que fue en ese momento cuando “el Parlamento se reafirma frente a una situación que es la del Antiguo Régimen y dice no, yo quiero mi propia organización, yo quiero mi propio reglamento, yo quiero mi propia presidencia. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y en España claramente en el siglo XX también, en otros países ya no tanto en el siglo XX, se cuestiona a la autonomía del Parlamento”.

Transcripción completa de la entrevista entrevista a Ignacio Astarloa

 

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C40

Cuaderno de bitácora de las Cortes Generales para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española, aprobada el 6 de diciembre de 1978.

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